EL PULSO

Dan carpetazo a robo del expediente de ‘La Casa Blanca’

Los dos exfuncionarios implicados en el robo del expediente del caso conocido como ‘La Casa Blanca’ de Enrique Peña Nieto, lograron que un juez frenara el proceso penal abierto en su contra y la posibilidad de ir a juicio… e incluso no tendrán que devolver los documentos.

De acuerdo con Animal Político, para reparar el daño, en cambio, se comprometieron a hacer trabajo social y a pedir una disculpa prometiendo que algo similar no volverá a ocurrir. Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se opusieron a que el caso terminara de esta forma, los imputados lograron con apelaciones y amparos la suspensión de su proceso.

Se trata de José Gabriel Carreño Camacho, quien se desempeñaba como subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP en el sexenio pasado y actualmente trabaja como subsecretario de la Contraloría en el gobierno de Alfredo del Mazo; y de Jesús Antonio Suárez Hernández, también exfuncionario de la dependencia federal.

En una audiencia realizada ante el juez de control del Reclusorio Norte, consiguieron que el juzgador les concediera como salida alterna la suspensión condicional de su proceso, a cambio de cumplir con una serie de condiciones durante un periodo de seis meses.

Los exfuncionarios habían sido señalados por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión por comisión.

En las audiencias iniciales de la causa penal 56/2021, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (Femcc) detectó que el expediente original había desaparecido y en su lugar había una versión pública de la resolución, sin anexos, ni los contratos que presuntamente firmó Angélica Rivera con Televisa, ni las pruebas que acreditaran los ingresos para adquirir la llamada Casa Blanca, ni el dictamen contable que supuestamente se elaboró durante la gestión de Peña Nieto.

Dicho expediente corresponde al que la SFP inició en el sexenio pasado, bajo la dirección del entonces secretario Virgilio Andrade, por el posible conflicto de interés en que podía haber incurrido el expresidente, al haber recibido una lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec de parte de Grupo Higa, contratista del propio gobierno.

 

Fuente: Nación 321

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